Vicente Lourenzo, titular de Consultora LP, analizó para Página 12 la posibilidad de un llamado a un acuerdo económico y social y qué condiciones se deberían cumplir para que pueda funcionar. Compartimos la opinión publicada:
Por Vicente Lourenzo
El próximo gobierno electo por los argentinos estará llamando a un acuerdo económico y social de precios y salarios como forma de coordinar las distintas variables y con un solo objetivo, que será el de estabilizar la economía y comenzar un camino de crecimiento. En esa visión global y en esa búsqueda de objetivos prioritarios es sumamente necesario tener un análisis claro del rol que cada actor social tendrá en esa mesa de diálogo a efectos de llegar a consensos mínimos.
Así tenemos, por un lado, el accionar de las grandes empresas formadoras de precios, fundamentalmente aquellas dedicadas a la canasta de alimentos y bebidas. En la Argentina pocas grandes firmas ejercen posición dominante y elevan los precios para no perder márgenes de ganancias, incluso hay muchas marcas de consumo masivo que hoy están enviando listas con subas porque buscan cubrirse ante un posible congelamiento de precios por parte del nuevo gobierno.
Tanto pymes como consumidores estuvimos observando cómo semana a semana fueron incrementando y aún continúan subiendo los precios sin tener ninguna razón técnica ni económica que los justifique. Se ve en rubros esenciales y también en otros que no están alcanzados por la rebaja temporal del IVA al cero por ciento y que están haciendo un colchón, sobre todo en los que forman precio de la canasta navideña. Un ex ministro de economía decía que “los argentinos transpiramos inflación…”. Hoy, si no sinceramos en una mesa de diálogo el precio “verdadero” que surja de costos tangibles y rentabilidad acorde no habrá posibilidad real de generar un consenso.
Por otro lado, tenemos al actor Estado, que mide cualquier decisión gubernamental a partir de “si posee costo fiscal o no”, cuando en realidad no hay que confundir costo con inversión. Determinadas medidas fiscales en pos de que la pyme cuente con el oxígeno necesario para motivarla y que comience el espiral virtuoso de generación de empleo no deben ser calificadas como “costo fiscal” sino como “inversión fiscal”.
Merece también una especial atención la cantidad de fondos de las empresas que posee el Estado nacional y también las provincias y los municipios. Es para destacar que una devolución de esos fondos retenidos por saldos a favor -por ejemplo de impuestos a los ingresos brutos-, ayudaría a reforzar el alicaído capital de trabajo que hoy poseen las pymes.
A pocos días del levantamiento de la suspensión de embargos por parte de AFIP, esa medida también puede llegar a ser un ejemplo claro de la avidez del Estado en querer cobrar lo que es casi imposible cobrar. El representante del gobierno que asumirá en poco más de un mes tiene que tener muy en claro este concepto e invitar tanto a los fiscos nacionales, provinciales como municipales a abstenerse de generar políticas de cobro que tiendan al cierre de las empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.
Además de grandes empresas y el Estado, otros que van a estar sentados en la mesa de diálogo van a ser los representantes de los trabajadores. Es innegable el grado de atraso y deterioro del salario real que sufren nuestros colaboradores. Su recuperación debe ser una prioridad en el consenso social.
También es cierto que para cumplir con ese objetivo es necesario darle el tiempo a la empresa -y más si es micro y pequeña- para que pueda recuperarse en una de las mayores crisis que tuvo el sector desde que tengo uso de razón. La imposición de recomponer en forma inmediata ese salario perdido puede generar el efecto contrario a lo que se pretende obtener. La pyme, que aún permanece en pie, está transitando un delicado equilibrio. Cualquier fuerza, por mínima que sea, puede voltear su existencia. Por eso, en esta mesa de consenso deberá prevalecer el equilibrio y también deberá haber una especial atención en aquellos sectores más perjudicados por el modelo económico que gobernó estos últimos cuatro años.
**Consultor Pyme. Integrante de la comisión Problemática Pyme del C.P.C.E.C.A.B.A.