Por Dr Vicente Lourenzo, titular de la Consultora LP e integrante de la comisión Problemática Pyme del CPCECABA.
El DNU estableciendo para el sector privado la obligatoriedad de abonar un bono de $ 5.000 se puede convertir para la micro y pequeña empresa un verdadero empujón al precipicio.
En efecto, el sector más vulnerable de la economía (pero que en conjunto da la mayor cantidad de empleo), producto de la caída generalizada de ventas del último semestre y el incremento exponencial de costos a causa de la maxidevaluación y de los efectos nocivos de la inflación, se le hace imposible abonar en término el pretendido bono, aún si se establece en cuotas.
Algunas consideraciones
| Es de presumir que si se establece una “obligatoriedad” de abonarlo, el gobierno estima que el sector Mipyme tiene fondos o, en su defecto, puede tener acceso a financiación con plazos y tasas acordes a los actuales márgenes que se manejan.
Nada más lejos que la realidad: no hay ningún tipo de liquidez, el mayor porcentaje de ventas se realiza con cobro diferido (tarjeta de crédito en cuotas, cheque de pago diferido, cuenta corriente, etc). A su vez, la mayoría de los costos son de pago al contado (Sueldos, Alquileres, impuestos, transporte y gastos generales). Respecto a tomar crédito para abonar el bono en el mercado las tasas superan el 60 % anual y no existe oferta alguna para el sector.
| Es de resaltar que mientras se acordaba un Pacto Fiscal con las Provincias con el objeto de reducir presión fiscal, y en definitiva, aliviar la situación de las pymes, se está corriendo en la dirección contraria, generando una situación de contingencia que puede provocar el cierre de mipymes.
| Su “obligatoriedad” va a generar poner en situación “ilegal” a muchísimas pymes que no lo van a poder pagar o, agravando la ilegalidad, hacer firmar recibos de haberes que en la realidad no han sido abonados.
| Para el caso de que se establezca que se conformará a cuenta de futuros aumentos y con carácter no remunerativo, es altamente riesgoso su aplicabilidad atento a que la justicia ya se expidió respecto a su carácter remuneratorio y haría responsable a la mipyme por las cargas fiscales y sociales omitidas.
|Es sumamente crítica la situación por lo que sería necesario que el DNU establezca la exención de su obligatoriedad para la micro y pequeña empresa, haciéndola voluntaria y optativa.
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